Nombramiento de magistrados en la Asamblea Legislativa de Costa Rica
El nombramiento de magistrados en la Asamblea Legislativa de Costa Rica es un proceso clave pero frecuentemente conflictivo, que requiere mayoría calificada (38 votos de 57 diputados) y que en 2026 ha generado fuertes desacuerdos, especialmente con los suplentes de la Sala Constitucional (Sala IV).
¿Cómo funciona el proceso?
Según la Constitución Política (artículos 157-164), la Asamblea Legislativa nombra a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. La Corte envía una nómina de candidatos (generalmente el doble de plazas), la Comisión Permanente Especial de Nombramientos evalúa atestados y realiza audiencias, y el Plenario vota. Para suplentes de la Sala IV se necesitan 38 votos por cada uno. Los periodos son de 4 años (reelegibles).
Este sistema busca consenso multipartidista, pero la fragmentación política y la mayoría calificada lo hacen complicado.¿Qué está pasando actualmente (mayo 2026)?
La Sala Constitucional opera sin sus 9 magistrados suplentes desde el 16 de diciembre de 2025 (vencimiento de periodos anteriores). Esto ha generado decenas de expedientes pendientes (más de 85 reportados en mayo), ya que los propietarios se inhiben en casos de conflicto y falta quórum operativo.
El anterior cuatrienio (2022-2026) no logró elegirlos tras varias rondas. La actual Asamblea (2026-2030) retomó el tema y programó votación para el 27 de mayo de 2026.
En esa sesión, la fracción oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) votó en blanco en todas las rondas. Ningún candidato alcanzó los 38 votos (apoyos oscilaron entre 20-26). Esto fue la novena ronda fallida contando intentos previos.
Candidatos recomendados por la Comisión (de una lista de 18 de la Corte): Fernando Lara Gamboa, Alexandra Alvarado Paniagua, Mauricio Chacón Jiménez, Roberto Garita Navarro, Aracelly Pacheco Salazar, Abraham Sequeira Morales, Kattia Araya Zúñiga, Jorge Isaac Solano Aguilar y Songhay White Curling.
Si no hay acuerdo, se debe pedir una nueva nómina a la Corte y reiniciar todo el proceso (meses de demora).¿Por qué no se ponen de acuerdo?Las razones principales son políticas y de poder:
Mayoría oficialista y estrategia de control: El oficialismo (PPSO) tiene una posición fuerte en la Asamblea actual. Hay críticas de que busca influir en el Poder Judicial (al que algunos llaman “poder perjudicial”) renovando magistrados en los próximos años (hasta 70% de la Corte Plena podría renovarse). Bloquear suplentes temporalmente les da tiempo o presión para una renovación más favorable.
Voto en blanco como herramienta:
El oficialismo argumenta que no hay obligación de votar por candidatos específicos si no generan consenso, y prefieren devolver la lista para un nuevo concurso. Oposición (PLN, Frente Amplio, PUSC, etc.) acusa de sabotaje y incumplimiento de deberes, pidiendo incluso retener dietas.
Falta de transparencia y discrecionalidad histórica:
Organizaciones como el Foro de Justicia critican la ausencia de un procedimiento uniforme, objetivo y transparente. Las entrevistas pesan mucho (hasta 55% en algunos casos) sin ponderación clara, lo que genera desconfianza y baja participación de candidatos idóneos.
Fragmentación y vetos cruzados:
Ninguna fracción sola alcanza 38 votos fácilmente. Históricamente, esto ha llevado a consensos tardíos o reelecciones cuestionadas.
Consecuencias
Para la justicia: Retrasos en amparos y recursos constitucionales afectan derechos de los ciudadanos (acceso a justicia).
Políticas: Tensiones entre poderes. Oposición habla de “bloqueo” y riesgos para la independencia judicial; oficialismo defiende su potestad y necesidad de mejor selección.
En resumen, el desacuerdo actual refleja la tensión entre independencia judicial, control político y la exigencia de supermayorías en un Congreso fragmentado. El tema seguirá en agenda, y una nueva nómina podría retrasar aún más la solución.
