Un informe confidencial de inteligencia policial, fechado el 12 de abril de 2026, identifica a 116 oficiales de la Fuerza Pública destacados en la zona sur de Costa Rica con posibles vínculos a organizaciones criminales.
Un informe confidencial de inteligencia policial, fechado el 12 de abril de 2026, identifica a 116 oficiales de la Fuerza Pública destacados en la zona sur de Costa Rica con posibles vínculos a organizaciones criminales.
El documento fue elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y dirigido a Marlon Cubillo, entonces director general de la Fuerza Pública.
Origen y alcance del informe
La revisión se ordenó por el propio alto mando de la Fuerza Pública ante sospechas de infiltración del crimen organizado.
Se analizaron los antecedentes de 122 oficiales asignados a la Dirección Regional Brunca Sur (delegaciones de Golfito, Coto Brus, Corredores y Puerto Jiménez). En 116 de ellos se registraron observaciones por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
El informe aclara expresamente que sus hallazgos no constituyen prueba judicial y que ningún oficial ha sido acusado hasta el momento en relación con esta revisión.Actividades presuntamente vinculadasSegún el análisis:
- Varios oficiales aparecen en el registro del Instituto Costarricense sobre Drogas como sospechosos de colaborar con redes de narcotráfico.
- Se les atribuyen roles como escolta de cargamentos, apoyo logístico, coordinación de aterrizajes de aeronaves en pistas clandestinas y traslado de envíos de droga por la zona sur.
- Algunos habrían recibido pagos por estos aterrizajes y, en ciertos casos, habrían brindado cobertura con vehículos policiales a carros que transportaban narcóticos.
El caso más numeroso no involucra drogas, sino contrabando de licor. Al menos 44 oficiales tendrían presuntos vínculos con la organización conocida como “Los Whiskeros”. Se les atribuye:
- Alertar sobre retenes.
- Filtrar información restringida sobre operativos planificados.
- Coordinar movimientos de vehículos.
- Escoltar cargamentos ilegales a cambio de pago.
Además de estos vínculos, se señalaron casos individuales de otros delitos sospechosos: un femicidio, tres violaciones, un caso de violencia doméstica y cinco de favorecimiento de delincuentes.
Contexto y factores de vulnerabilidadLa zona afectada se ubica a lo largo de la frontera con Panamá y la Península de Osa (incluye el paso de Paso Canoas, el Golfo Dulce y pistas clandestinas y costas que aparecen recurrentemente en procesos por narcotráfico).La unidad de inteligencia atribuye la vulnerabilidad principalmente a dos factores:
- Presión económica sobre los oficiales, que hace atractiva la colaboración como ingreso extra.
- Débil supervisión de los mandos medios sobre el uso de vehículos patrulla y equipos de comunicación.
El informe advierte que los oficiales con personal a su cargo son especialmente propensos a involucrarse y resultan particularmente valiosos para las organizaciones criminales.Recomendaciones y situación actual
El documento recomendó trasladar a oficiales sin vínculos establecidos en la zona sur y remitir los hallazgos a investigaciones administrativas y penales.
El informe se redactó casi cuatro meses antes de hacerse público (publicado el 4 de agosto de 2026 por medios como La Nación y The Tico Times).
Aún no está claro qué acciones tomó la Fuerza Pública sobre las recomendaciones en ese intervalo, ni si se abrieron las investigaciones disciplinarias y penales propuestas.
Esta revelación se suma a otros casos recientes de presunta corrupción policial, incluyendo acusaciones contra oficiales por ayudar a la organización de Alejandro Arias Monge (“Diablo”) en el Caribe y un caso de extradición a Estados Unidos de un exoficial de Corredores por narcotráfico.
Fuentes principales: The Tico Times y La Nación (4 de agosto de 2026).
