La Ley contra el Sicariato (expediente legislativo 24.047) en Costa Rica fue aprobada en segundo y definitivo debate el 19 de enero de 2026 .
Votación: Se aprobó con 42 votos a favor de manera unánime entre los diputados presentes en el Plenario Legislativo. No hubo votos en contra ni abstenciones reportadas en la votación final.
Proyecto original: Fue presentado por el diputado David Segura del partido Nueva República (liderado por Fabricio Alvarado) en noviembre de 2023.
Proceso: Tuvo un primer debate aprobado en septiembre de 2025.
Posteriormente se retrotrajo para ajustes y modificaciones.
Pasó por una consulta de constitucionalidad (dictamen de la Procuraduría en 2025) que generó debate, pero finalmente se superó.
Meses de discusiones intensas, pugnas políticas y cambios en el texto para lograr consenso.
Principales cambios que introduce la ley (reforma al Código Penal)Se adicionan principalmente dos artículos nuevos:
Artículo 112 bis: Tipifica específicamente el sicariato como delito agravado cuando se comete como parte de una organización criminal. Pena de 20 a 40 años de prisión (en algunos reportes se menciona 25 a 40 años) para quien cause la muerte de otra persona por encargo, acuerdo, pago, remuneración económica o promesa remuneratoria.Es una de las penas más altas del Código Penal costarricense actual.
También castiga a quienes recluten, preparen, adiestren, promuevan o capaciten a personas para cometer sicariato.
Artículo 280 bis : Sanciona con penas menores (generalmente de 3 a 5 años) a quien encargue, solicite, ofrezca o promueva públicamente servicios de sicariato.
El objetivo principal es responder al aumento explosivo de homicidios por encargo vinculados al narcotráfico y crimen organizado en los últimos años.
Estado actual (al 21 de enero de 2026)La ley ya está aprobada en la Asamblea Legislativa en forma definitiva.
Ahora pasa al Poder Ejecutivo (Presidencia de la República) para su firma por parte del presidente.
Entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
Es considerada una medida de «mano dura» contra el crimen organizado y fue celebrada por Nueva República como un logro importante, aunque hubo críticas de algunos sectores sobre coherencia en políticas de seguridad o énfasis en derechos de imputados vs. víctimas.
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